La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta 2019. ¿Cuántas armas legales hay, quiénes las tienen y cuáles son las falencias del sistema?

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy la ley que establece la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2019. La iniciativa permite la entrega anónima de armas a cambio de una suma de dinero (alrededor de $1000) y tiene como objetivo desarmar a la sociedad.

Pero, ¿cuál es la situación de las armas hoy en la Argentina?

En nuestro país rige desde 1973 la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Allí se detallan las diferentes categorías de armas de fuego, que pueden ser utilizadas con ciertos permisos, y se prohíben las automáticas para el uso de civiles. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) -un ente descentralizado que funciona desde 2015 enel ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también conocido como el ex RENAR- se encarga de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de esta ley.

Actualmente existen en nuestro país 1.562.332 armas registradas ante la ANMaC, de las cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos oficiales. No existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, pero -según una investigación publicada por Chequeado– la propia Agencia estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas. Evaluaciones del sector civil dicen que hay cuatro millones.

De acuerdo con un trabajo del politólogo Diego Sanjurjo, investigador predoctoral del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, el arsenal civil de armas pequeñas en la Argentina asciende a 3.600.000 armas de fuego, lo cual da una tasa de posesión civil de 8,8 armas cada 100 habitantes, superior a la de Brasil (8,6) y Bolivia (2,5) aunque sorprendentemente inferior a la de Uruguay (32,6) y Chile (10,2).

¿Quiénes manejan estas armas?

Para poder tener un arma de manera legal se debe tramitar ante la ANMaC la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), una suerte de carnet. El costo de este trámite arranca en los $800: la licencia demora entre 60 y 90 días y tiene una validez de cinco años. La credencial es obligatoria para aquellos que realicen actividades vinculadas con disciplinas de tiro (deportivo o de caza) y para todas aquellas personas que, aún sin poseer un arma propia, manejen armas de terceros.

Para obtener la CLU, se debe cumplir con los siguientes requisitos: no tener antecedentes penales, acreditar un medio lícito de vida, presentar un certificado de aptitud de tiro, otro de aptitud física y obtener un certificado de aptitud psicológica.

En 2016, según los últimos datos oficiales disponibles, había en la Argentina 989.993 usuarios legalmente registrados. Se trata de un aumento del 2% con respecto a 2015, mientras que en los dos períodos anteriores (2015-2014 y 2014-2013) la suba había sido aún mayor, de 14 y 9%, respectivamente.

“Somos muy restrictivos”, dijo a Chequeado Natalia Gambaro, directora ejecutiva de la ANMaC desde que Mauricio Macri llegó a la Presidencia. “En 2016 se emitieron 73 permisos de portación de armas de fuego que tienen un año de vigencia, es decir, una vez finalizado, si quien solicita la portación quiere renovar la autorización debe presentar nuevamente ante la Comisión de portaciones los motivos que justifican que tenga la habilitación para portar un arma”. En años anteriores, según cifras oficiales de la ANMaC, se habían emitido cifras mucho mayores.

Vale la pena destacar que, a diferencia de la tenencia, los permisos de portación permiten “disponer, en un lugar público o de acceso público, de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato”, de allí que este tipo de autorizaciones sean de carácter restrictivo.

En lo que va de 2017, y según datos del Portal de Datos Abiertos del Gobierno nacional, la ANMaC recibió 28.533 solicitudes de autorización de portación. El mes con menos solicitudes fue febrero (1.865 pedidos), mientras que el máximo se registró en agosto (4.202). No existen datos oficiales de este tipo para los años anteriores.

Gambaro agregó que se puede denunciar en forma anónima los motivos por los cuales un solicitante no debería recibir la autorización (llamando al 0-800-666-4378) y precisó que existen convenios con los Ministerios Públicos Fiscales de varias provincias para restringir el acceso a las armas a aquellas personas involucradas en procesos penales relacionados con violencia de género.

“La afirmación de que los requisitos para ser legítimo usuario, tenedor o portador, de armas de fuego es bastante restrictivo es relativa a con qué se la compare”, explicó a Chequeado Tobías Schleider, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). “En nuestra región, los requisitos deberían ser aún más restrictivos por varias razones. La principal, porque la primera fuente de aumento de la porción ilegal del mercado de armas es la porción legal: la casi totalidad de las armas de fuego tienen un origen dentro de las normas y una parte de ese conjunto se desvía a la ilegalidad por negligencia, corrupción o contrabando”.

Psicofísicos

En mayo de este año, efectivos de la Policía Bonaerense y de la Ciudad allanaron la lujosa casa en Nordelta de Alejandro Radetic, un piloto que había corrido picadas a 240 kilómetros por hora por la Avenida 9 de Julio. Como en el caso del arsenal encontrado en un supermercado del empresario Alfredo Coto en Caballito o en el ex director de Inspecciones del Municipio de Malvinas Argentinas, Néstor Berardozzi -quien fue detenido luego de que se le encontraran más de 90 armas en la casa de su madre-, el operativo derivó en el hallazgo de pistolas, fusiles y hasta réplicas de ametralladoras. El dato más alarmante fue que todas estaban inscriptas de manera legal. ¿Cómo? En 2006, un deportólogo (sic) había certificado su aptitud psicológica para manejar armas.

Tras detectar “una enorme cantidad de irregularidades que incluyeron denuncias penales
y certificados apócrifos”, la ANMaC anunció que avanzaría con un nuevo sistema en el que las únicas instituciones a cargo de los estudios psicológicos sean empresas de medicina laboral autorizadas por el Estado nacional. El sistema también prevé la identificación biométrica del postulante y la creación de un registro de inaptitud, con inhabilitación para volver a tomar el examen por seis meses a quienes no lo hayan superado.

“El Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos ya se encuentra funcionando en Capital, en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las provincias con mayor cantidad de usuarios y armas”, dijo a este medio Gambaro, y agregó: “La implementación se continuará haciendo de forma progresiva hasta tener total cobertura geográfica nacional a fines de este año”.

Schleider, quien además es consultor internacional en seguridad ciudadana, sostuvo que incluso si el apto médico no se falseara en ningún caso, los controles actuales distan de ser suficientes. “En los sistemas comparados más serios, los requisitos son mucho más estrictos, porque se entiende que tener un arma (aún para los miembros de las fuerzas de seguridad) es una facultad extraordinaria que sólo en casos excepcionales puede concederse a ciertas personas que justifiquen su necesidad y su capacidad especial a esos efectos”, concluyó.