El regreso de la Araucanía

Los conflictos con las comunidades mapuches en la Patagonia son de larga data. Cada vez más numerosos y mejor organizados, invocan un derecho ancestral para exigir y ocupar terrenos y campos en Neuquén, Río Negro y Chubut, donde protagonizan una disputa silenciosa con los propietarios de esas tierras y una chispa podría hacer estallar el conflicto. El 18 de octubre del año 2009 y ante el crecimiento del conflicto en la zona de Neuquén, el diario “La Nación” publicó una extensa nota de investigación, que hoy publicamos para entender más claramente la situación actual.

Los ojos de Néstor Alejos centellean al contar la historia de su bisabuelo que, nacido bajo la dinastía de los Boer, dejó Sudáfrica en 1904 para recalar aquí, en Aluminé, provincia de Neuquén. Las carcajadas ante cada ocurrencia del paisano, que debajo de su boina negra no le da descanso a la pava ni a los amargos, retumban tanto como el choque de las aguas contra las piedras del río Aluminé. Nada, en este instante, parece sugerir siquiera que allá afuera, detrás de esa tranquera blanca y de ese camino de ripio, se libra una batalla, a veces silenciosa, a veces violenta. Subyace en este páramo una febril puja en la que la tierra parece ser la excusa para renovar la historia de la conquista. Ellos o nosotros. Huincas o Mapuches. Son historias del siglo XXI las que hoy hay que relatar. Historias contadas, a veces en lengua mapuche y otras tantas en español. Sucesos en los que se entrelazan y confunden los estados nacional y provincial, los mapuches y los privados, y en el que la posesión de la tierra, se insiste, es el fondo de la cuestión.

Propietarios y mapuches esperan que la Nación y la Provincia hagan realidad la promesa de cumplir con lo que establece la ley 26.160 de relevamiento territorial. La norma fue votada en 1996 y establece que un estudio de los títulos de propiedad de todos los territorios, en este caso neuquino, debe estar concluido en 2010. El cumplimiento de esta legislación permitiría terminar con las controversias sobre titularidad de las tierras. Hasta ahora, no se ha dado ningún paso para hacer cumplir la ley. Extrañamente, el Gobierno de la provincia de Neuquén fue la única de las partes en conflicto que no habló con “La Nación”. La cuestión mapuche, en el gobierno de Jorge Sapag, está en manos de su ministro de Gobierno, Jorge Tobares, que nunca respondió los cinco pedidos de entrevista que le cursó este diario.

Hay aquí historias de campos tomados, de lujosos hoteles cerrados por la amenaza de los indios, de escuelas católicas recuperadas para la causa mapuche y de capillas que no se inauguraron por haber quedado en medio de territorios insólitamente en pugna. «Reclamamos del Estado un reconocimiento territorial en el que podamos tener control, uso y administración de nuestros recursos naturales», dice Jorge Nahuel, ideólogo de la Confederación Mapuche, en las oficinas de ese organismo en la capital neuquina. Sobrevuela sobre esa definición el temor de un reclamo territorial que vaya más allá. No son pocos los que detrás de ese reconocimiento histórico ven una trasnochada intención de reestablecer la Araucanía, o patria mapuche.

«Son activistas que cuentan con apoyo de las FARC y relaciones con Batasuna, el brazo político de la ETA», denuncia Carlos «Nuno» Sapag, productor neuquino y hermano de Jorge, el gobernador de la provincia. Nahuel desmiente a Sapag sin nombrarlo. «Son dichos trasnochados de alguien que se pasó de la raya con el alcohol», dice. «En Villa Pehuenia los mapuches ya tienen 10.000 hectáreas en su poder. No voy a entregarles un metro más», sostiene el intendente Silvio del Castillo, del Movimiento Popular Neuquino. «Pueden enjuiciarnos por acusarnos de usurpar nuestras propias tierras, pero la movilización va a seguir», retruca Daniel Salazar, lonko (cacique) de Aluminé. Los viejos jefes de las comunidades Currumil y Aigo, con notable ascendencia en la zona, toman distancia de los jóvenes caciques que los desplazaron de la conducción: «Arrastran a los jóvenes a una lucha sin sentido. Nosotros queremos la paz. Hoy los mapuches ocupan tierras que nunca fueron nuestras», dicen. Resulta imposible determinar la cantidad de hectáreas reclamadas por los mapuches como propias. Hablan ellos, en forma genérica, del reconocimiento de un «estado mapuche» y del territorio de la Araucanía, antigua dominación de los tehuelches y los araucanos que incluye territorios argentinos y chilenos, de costa a costa, entre los ríos Colorado y Bío Bío.

Un estudio de la Sociedad Rural de Neuquén indica que hay no menos de 57 campos usurpados por los mapuches. En los juzgados de Zapala, San Martín de los Andes, Cutral-Có y Villa la Angostura, se sustancian alrededor de 36 causas penales y civiles por usurpación, según revela Juan Manuel Salgado, director del recientemente creado Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, con sede en Neuquén capital, y que avala una denuncia presentada ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. «Las causas contra los mapuches en la Justicia neuquina avanzan a paso veloz, pero no ocurre lo mismo con las denuncias judiciales que hacen los mapuches», sintetiza Salgado. Se sabe que de las doce comunidades mapuches que existían hace pocos años hoy hay al menos 55 que lograron personería jurídica. La llamada Confederación Mapuche, que dice representar los intereses de 40.000 mapuches que viven en zonas rurales y otros 80.000 habitantes de ciudades, argumenta ser la continuación de la Confederación Indígena Neuquina, única entidad de ese tipo que tiene personería jurídica otorgada por un gobernador militar durante la última dictadura, pero que ya no actúa como tal. Los detractores de la Confederación -que no son pocos- acusan a la dirigencia de la Confederación Mapuche de estar infiltrada por activistas de izquierda que pretenden escindir el territorio de la Argentina. También los acusan de malversación de fondos.

La Confederación Mapuche recibió un préstamo de seis millones de dólares del Banco Mundial, destinado a mejorar las condiciones de vida y solventar emprendimientos productivos. Hubo dudas acerca del manejo de esos fondos y Jorge Nahuel tuvo que responder ante la Justicia Federal en una causa en la que se lo acusaba de «delitos de acción pública». Hoy, cuando a Nahuel se le pregunta sobre el tema, responde con una fotocopia del sobreseimiento dictado por el juez federal Sergio Gabriel Torres. Alejos cuenta acerca del campo de sus bisabuelos. Mil doscientas cincuenta hectáreas, en la zona de Ruca Choroy. Aquel campo centenario fue subdividido y, en parte, vendido. Una de esas parcelas pertenece hoy al ingeniero agrónomo Ronaldo Kuhlmann. Hace cinco años que están ocupadas por los mapuches. En pocos días más, una veintena de indios enfrentará un juicio oral bajo el cargo de usurpación. El juicio se iba a llevar a cabo en Aluminé, pero la jueza Ivonne San Martín decidió trasladarlo a Zapala. El salón comunitario en el que se iba a ventilar la causa no ofrecía, según la magistrada, las garantías mínimas. Ventanas chicas y una sola puerta de ingreso. No todo es paz en esta sucursal del paraíso.

Campo de batalla

En Quillén, un paraje distante quince kilómetros del centro de Aluminé, metido en el corazón de la cordillera, ondean las banderas mapuches a la derecha del camino. A la izquierda, un puente de hierro cruza un caudaloso arroyo y, detrás de él, una tranquera con gruesas cadenas y candados limita lo que fue, a finales de septiembre, un campo de batalla. La comunidad Currumil decidió pasar su ganado y ocupar campos de pastoreo dentro de la propiedad de un ciudadano español de apellido Podestá.

Argumentan, como en otros tantos casos, que esas tierras les pertenecen desde tiempos inmemoriales. La justicia ordenó a la policía desalojar el campo. Hubo balas de goma, gases lacrimógenos, piedras y palos. Heridos de los dos bandos y cinco detenidos. En el campo de Podestá quedaron 60 vacas mapuches que hoy están retenidas por la Justicia. También quedó dentro del campo una guardia policial permanente. Del otro lado del arroyo, los Currimil enarbolan dos banderas mapuches y una pancarta en la que se lee «Basta de represión» y de la que cuelgan los cartuchos servidos de las balas de goma.

El Complejo “Piedra Pintada”

Piedra Pintada es un resort de lujo situado a orillas del lago Pulmarí. Sus habitaciones están cerradas desde febrero, cuando los mapuches invadieron el predio. El dueño del lugar es un italiano llamado Doménico Panciotto. Hoy negocia con los mapuches los términos de un acuerdo que le permita reabrir el suntuoso lugar de esparcimiento. Piedra Pintada está dentro de los terrenos de la Corporación Interestadual Pulmarí, que le otorgó a Panciotto la concesión para la construcción del hotel. Los mapuches dicen que esos terrenos son sagrados. El problema es que los mapuches forman parte de la corporación Pulmarí y el rebelde cacique Salazar lideró la toma de los terrenos del resort, pese a ser vicepresidente de la corporación. Hoy, mientras se espera que firmen la pipa de la paz, los mapuches ocupan un predio de tres hectáreas cedido por el empresario.

El caso de Villa Pehuenia y la Escuela Provincial 161

Villa Pehuenia es una de las poblaciones más jóvenes de la provincia. Esta localidad, al abrigo de las costas del lago Aluminé, nació gracias a un convenio entre la provincia y los mapuches. El Estado les canjeó las tierras costeras sobre el Aluminé a cambio de 12.000 hectáreas en otra zona de la provincia. Los mapuches mantuvieron como propia la zona del volcán Batea Mahuida, donde levantaron un pequeño pero exitoso centro de esquí, y los terrenos linderos con «la angostura», el riacho que une los lagos Moquehue y Aluminé, donde explotan cinco campings. Hoy dicen que el convenio que permitió el nacimiento de la villa -firmado por un viejo lonko de la comunidad Puel, ahora enfrentado con la conducción del cacique Manuel Calfuqueo- se hizo a espaldas de los mapuches de Pehuenia que hoy reclaman más tierras. Ocupan, de hecho, un complejo de cabañas, a escasos metros de «La Angostura”. Mamá Margarita era una escuela rural situada en las inmediaciones de Junín de los Andes en la que por más de cuarenta años se educaron las mujeres de la región. El internado era conducido por monjas. Hoy la escuela está ocupada por los mapuches. Sobre lo ocurrido allí se tejen mil y una historias. Dicen que hasta obligaron a las monjas a llevarse el féretro de una hermana sepultada en los terrenos de la escuela. Jorge Nahuel defiende la toma con el argumento de que la escuela está en territorio mapuche. Pero va más allá. «Era una intromisión del catolicismo sobre las nuestras creencias», dispara. Argumenta, además, que el régimen de internado con el que funcionaba la escuela alejaba a los chicos mapuches de sus familias y de la cultura que le era propia. Hoy esa escuela imparte educación pluricultural. Lo mismo ocurre en la Escuela Provincial 161, en la base del cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. En el patio de tierra los alumnos de los cursos iniciales hacen una ronda sentados alrededor del maestro de música. En el mismo patio ondea, sobre una caña tacuara, la bandera mapuche. Detrás, en un mástil metálico ondean las banderas de Neuquén y de la Argentina. Eduardo Champanier es el director de esa escuela inserta en la comunidad Payla Menuko. Allí también se imparte educación pluricultural, como en todas las escuelas rurales de la provincia. El docente dice que no está muy seguro de la efectividad de ese sistema. Al establecimiento concurren 75 alumnos, todos hijos de padres mapuches. «Nosotros les enseñamos la lengua y las costumbres, pero después, los padres vienen y nos piden que les enseñemos inglés y computación», cuenta. Muestras, apenas muestras de una realidad que en esta lejana Patagonia tensa las relaciones de un complejo entramado social en el que, a veces, parece que sólo faltara una chispa (http://www.lanacion.com.ar/1187506-el-regreso-de-la-araucania).