Las grietas de la política por donde se filtra el narcotráfico

ROSARIO.- «La narcocriminalidad requiere de su inserción institucional para progresar y aspira a copar los primeros niveles de gobierno, como el municipal». La frase del doctor Leandro Ríos, juez federal de Paraná, tenía el tono de un ensayo académico. Pero era parte de los fundamentos de una orden de allanamiento que llevaba su firma el 8 de mayo pasado y que tenía como imputado al intendente deParaná , Sergio Varisco, que mañana será indagado. El dirigente radical, alineado con Cambiemos , pasaba a ser uno de los protagonistas de una causa por tráfico de drogas, en la que se unían dos universos: la política y el narcotráfico . En Paraná, como en otras ciudades del país, crecen las sospechas por el clientelismo político ejercido desde grupos narco.

El viejo esquema del puntero político que vende sus influencias en el barrio a la hora de hacer campaña cambió hace más de una década. En muchas zonas el narco ocupa esos roles y tiene un dominio más nítido sobre la base del dinero que genera y el temor que irradia.

Cuatro días antes de librar una orden de allanamiento al domicilio de Varisco y a la Municipalidad, entre otros sitios, el juez Ríos obtuvo datos reveladores en dos cuadernos que fueron secuestrados en la casa de Daniel Celis, preso por tráfico de drogas desde 2016 en la Unidad Penitenciaria N°1. Tavi, como lo conocen en barrio Antártida, manejaba los hilos del Movimiento Vecinal Oeste en Paraná y, desde 2013, trabajaba para ese sector del radicalismo paranaense.

«Las anotaciones son compatibles con la probable adquisición de cocaína en cantidades significativas por parte de Varisco, Bordeira y Hernández, atento a que la organización vendía el kilo de cocaína entre $150.000 y 160.000 pesos. Varisco y Bordeira adquirieron dos kilos de cocaína, y Hernández uno», señala el juez Ríos.

La primera en tomar distancia fue Josefina Etienot, la viceintendenta que proviene de Pro. Dijo que el caso es de suma gravedad institucional. «No es una contravención; estamos hablando de una asociación por narcotráfico, por lo que es muy difícil la situación de la gobernabilidad», apuntó.

Varisco tenía un acuerdo político con Celis, a través de una organización con llegada a los barrios que dominaba el narco: el Movimiento Vecinal Oeste. Aunque la relación entre ambos se remonta a 2011, ese pacto se fortaleció de cara a las elecciones de 2015. En su libro Cenizas del narco, el periodista Daniel Enz señala que Tavi se acercó a Varisco a través del actual concejal Hernández.

Varisco competía por la intendencia con Osuna, dirigente peronista que en ese momento era cercana a Cristina Kirchner. «Celis se cruzaba en determinados barrios -aunque algo a lo lejos, para que no hubiera encontronazos- con gente de Petaco Barrientos y con el mismo jefe narco o con Osvaldo Pacha Palacios, quienes acompañaban a Osuna en sus caminatas», advierte Enz. Los presuntos vínculos con el narcotráfico eran transversales.

Uno de los casos más profundos que rozó al exgobernador Sergio Urribarri fue la detención de su chofer Marcelo Acosta, condenado el 10 de mayo pasado a seis años de prisión, tras ser detenido cuando transportaba 20 kilos de cocaína desde Misiones. Formaba parte, según la investigación, de una banda llamada Los Lagartos, que proveía estupefacientes a bandas de Rosario, como Los Monos.

Relaciones peligrosas

El esquema de funcionamiento de la política y su relación con el narcotráfico es lo que se aborda en el expediente N° 961/2016. «Quedó plasmado una peligrosa relación entre las actividades político electorales y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes», dice la causa, luego de que Varisco sellara un pacto con Celis, procesado por narcotráfico el 3 de julio de 2016. LA NACION trató de consultar al intendente, pero fue en vano.

La afirmación del juez Ríos se basa en el cuaderno encontrado en la casa de la mujer del narco, donde además se secuestró 3,4 kilos de cocaína. Allí figura la anotación con fecha 28 de abril de 2018 de un viaje para abastecerse de cocaína y se «hace alusión a los $40.000 que le entregaron a Lemos en una reunión que mantuvo en la Municipalidad de Paraná». A estos apuntes se suman una escucha telefónica y mensajes de WhatsApp obtenidos por la Policía Federal, tras allanar la celda de Tavi en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

En estas escuchas, en su mayoría conversaciones entre Celis y su pareja, queda probado el acuerdo que Varisco tenía con el dirigente narco. Pero en las anotaciones, según el expediente, esa relación fue más amplia e incluyó el involucramiento del intendente, funcionarios y concejales del municipio en la comercialización de cocaína.

Estas sospechas se traslucen en las conversaciones y mensajes de Celis desde la cárcel, con su teléfono Samsung que le secuestran el 6 de septiembre de 2017. Un día antes, el narco le hace saber al concejal Hernández «su fastidio» por la falta de «ayuda» del intendente. Lo presiona con que va a dar una entrevista a un canal porteño para contar toda esta trama. Esa amenaza parece funcionar. Su pareja le escribe desde la Municipalidad. «El 5 de septiembre de 2017 se pudo corroborar que Celis y el intendente habían llegado a un acuerdo económico por $50.000 por mes», dice el escrito judicial. «Por fin una buena. Arreglé con el intendente», le escribe por mensaje de texto Lemos a su pareja, que está en prisión. Tras los allanamientos, y el secuestro de cocaína y los cuadernos y escuchas telefónicas, el juez llamó a indagatoria a Varisco, a quien un sector de la oposición le pidió la renuncia.

En la localidad entrerriana de Colonia Elía, a 35 kilómetros de Concepción del Uruguay, las calles están desiertas. Casi ninguno de sus 1500 habitantes se atreve a romper el ritual de la siesta.

Pero esa quietud aparente encierra una historia que durante el último tiempo rompió lealtades y silencios, en un lugar en el que hace seis años desembarcó un grupo de narcos colombianos, al mando de Jairo Saldarriaga, alias «Mojarro», exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sicario del colombiano Daniel el «Loco» Barrera Barrera, uno de los distribuidores de cocaína más grandes en la historia, sentenciado hace diez días a 35 años de prisión en Nueva York.

¿Por qué este grupo capitaneado por Mojarro hizo pie en esa zona? Se sospecha que esta banda tenía interés en invertir en tierras. Adquirieron una estancia de 18 hectáreas en el paraje Arroyo Molino, cuya ribera está sobre el río Uruguay, a metros de la frontera. Hay indicios de más inversiones.

Allí tenía como su principal alfil a Fabián Montañana, un técnico agropecuario y pianista de 40 años, condenado en julio de 2015 a dos años y medio de prisión por lavado de dinero de fondos del narcotráfico, en una causa en la que se investigó el contrabando de 114 kilos de cocaína en un buque de bandera liberiana a Europa.

Montañana manejaba el campo que Saldarriaga compró en Arroyo Molino, a 40 km de allí, y en el que hoy vive su exmujer Alexandra Solana Estrada. Ese campo fue registrado a nombre de Gerardo Ruidíaz, a quien se le descubrieron precursores químicos para elaborar cocaína.

Tras la ejecución de Mojarro por la que fue condenado a perpetua Jonathan Aristimuño, de 26 años, Montañana trató de vender el campo. Había otros colombianos en la zona que habrían reclamado deudas de Mojarro, entre ellos, el «guía espiritual» de Cali Ángelo Leonardo.

Como publicó LA NACION, este concejal que fue amenazado varias veces tras denunciar que el testaferro del narco colombiano compró media docena de vehículos y maquinaria pesada, como retroexcavadoras y palas mecánicas, y empezó a quedarse con la obra pública en el pueblo. Aguilar advirtió que el silencio en ese pueblo se compra con dinero público.

Rendijas de la frontera

Itatí, en Corrientes, y Salvador Mazza, en Salta, son dos pueblos de frontera separados por 1100 kilómetros, con climas y geografías muy diferentes. Pero hay algo que los une desde hace años. El narcotráfico se transformó en una herramienta de financiamiento de la política y se metió por las grietas y las debilidades del Estado, en esas zonas donde permanecen intactas desde hace décadas las maquinarias del clientelismo político.

La semana pasada fue detenido en Tucumán Jesús Méndez, hermano de Enrique, intendente de Salvador Mazza, junto con parte de su banda con 6 kilos y medio de cocaína y armas. El futuro del jefe comunal peronista está complicado. Hace unos meses, el concejal salteño prófugo Mauricio Gerónimo (Frente Grande, aliado al Frente para la Victoria), difundió un video desde la clandestinidad -se sospecha que está en Bolivia- en la que dice que es un preso político. Lo mismo dijo el intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, cuando fue detenido en Corrientes en un megaoperativo dispuesto por el juez federal Sergio Torres, llamado Sapucay, que desarticuló tres bandas que actuaban con complicidad de las autoridades y de las fuerzas de seguridad federales y provinciales para convertir a la ciudad de la Virgen en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en Paraguay.

Gerónimo fue imputado junto con dos hermanos de liderar una banda que se dedicaba a buscar campos para bombardear con bolsas de cocaína boliviana que luego eran transportadas a Buenos Aires. «Con un viajecito me pago la campaña a intendente», dijo el edil, luego de ser elegido en 2015. Gerónimo era dueño de un local de venta de teléfonos celulares y vendía chips, algo vital para las comunicaciones de los narcos en esa zona. Lo que sorprendió es que el concejal tenía a su nombre 112 líneas de celulares. Las bolsas de cocaína que arrojaban desde avionetas en campos de Metán y Anta contenían panes con la letra W.

Esa marca es un sello de calidad de la droga y pertenece a la cocaína que produce el empresario boliviano ligado al negocio de los hidrocarburos Wilson Maldonado Balderrama.

La carga que despacharon los hermanos Gerónimo -según la investigación de Procunar- pertenecía a otro hombre del peronismo salteño, el fallecido diputado Ernesto Aparicio, exsocio del llamado dueño de la frontera Delfín Castedo, quien tras permanecer diez años prófugo fue detenido hace poco más de un año en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

Las espaldas de Castedo eran custodiadas por Aparicio, alias «Gordo», y el exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, quien pasó de ser un modelo de lucha contra el narcotráfico presentado por Cristina Kirchner a estar detenido y procesado por recibir coimas de los narcos argentinos y bolivianos.