Prevenir seriamente o convivir con las consecuencias

El caso de Cristian «Pity» Álvarez, deja al descubierto la “ligereza” y cuasi irresponsabilidad con que las leyes argentinas tratan dos temas de especial importancia para la seguridad pública: las armas y las drogas.

Tanto la tenencia de armas ilegales como el consumo de las drogas fueron atenuados por la legislación argentina, haciendo de ellos un hábito a los que terminamos por acostumbrarnos. Si hablamos de armas, es común que los delincuentes que cometen robos o hurtos, lleven consigo armas ilegales. Sin embargo, para las leyes argentinas no representan por si mismas causas de prisión, excepto en los casos que haya heridos o muertos como consecuencia de su uso en ocasión del robo. Quien porta un arma de fuego en forma ilegal, representa por sí mismo un potencial acto delictivo y excepto en aquellos lugares en que su cultura lo permite (campos, montes, etc), su portación no puede considerarse una falta menor.

Por su parte, el consumo de drogas trae aparejado una cadena de hechos que se van agravando con el hábito que adquiere esa persona. Si pretendemos que la droga para consumo personal se consuma libremente, también deberíamos garantizarle a ese ciudadano su atención médica cuando su situación se agrave. Asimismo, también se debería evitar que, ante las dificultades para seguir manteniendo su nivel de consumo, caiga en la necesidad de delinquir para satisfacer sus necesidades.

Sin ánimo de caer en discusiones teóricas, todos sabemos que, en el ámbito de la seguridad pública, “prevenir” significa evitar que ocurran hechos que son disparadores de violencia. La portación de armas ilegales y el consumo de drogas son en sí mismo, dos potenciales generadores de violencia.

El Editor